Fiscal General denuncia el asedio de fuerzas de seguridad a la sede del Ministerio Público Venezolano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió el pasado jueves una "medida cautelar de protección" a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y su familia en razón de la situación de gravedad y urgencia en la que se encuentran toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable.

Al tomar esta determinación, la Comisión identificó el rol y visibilidad que como operadora de justicia ha tenido la Fiscal Ortega en las denuncias de violaciones a derechos humanos y de presuntas violaciones al marco legal y constitucional que serían consecuencia de los procesos vinculados a la Asamblea Constituyente.

Leer comunicado de prensa CIDH

Maduro por su parte acusó este viernes a Ortega de ser cómplice de la "insurgencia armada" que ha vivido el país desde que comenzó la ola de protestas contra su Gobierno, el pasado 1 de abril.

El presidente realizó estas declaraciones en un acto televisado en conmemoración de los 80 años de la Guardia Nacional Bolivariana, horas después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano cuya legitimidad no ha sido reconocida por la fiscal general y ha tenido el rechazo de países como Brasil, Panamá, Perú, Chile, México, Estados Unidos, además de la Unión Europea.



Últimas Noticias, órgano de prensa del chavismo, adelantó ayer que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está redactando una sentencia que ordenará la destitución de Ortega e iniciará su procesamiento.

Nicolás Maduro también profirió ayer su propia sentencia política llamando "cómplice de la insurgencia armada" a quien fuera una de las más estrechas colaboradoras de Hugo Chávez y señaló: "Hablemos claro frente al país, si aquí hubiera habido una Fiscalía que actuara apegada a la justicia y con valentía, hace mucho tiempo que esos criminales (opositores) estuvieran capturados, castigados y encarcelados".

Asedio a la sede del Ministerio Público

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha denunciado este sábado, a través de su cuenta en twitter, que la institución que dirige está siendo asediada por fuerzas de seguridad. "Rechazo el asedio al Ministerio Público Venezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional".

La fiscal, que había sido afín al chavismo, se ha convertido en una de las principales voces críticas con el presidente del país, Nicolás Maduro, y en los últimos meses se ha convertido en una de las voces más vehementes contra Maduro dentro de las instituciones del Estado y ha sido acusada de "traidora" desde el oficialismo.

Ante la escalada de acusaciones contra el Ministerio Público, la fiscal general se dirigió a finales de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que respondió afirmativamente a la solicitud y dictó una medida cautelar para garantizar la protección de sus derechos. El organismo pidió además al Gobierno de Maduro que garantice su integridad y la de su familia.



Seis magistrados venezolanos piden asilo al embajador de Chile en Caracas

Luis Marcano es el último magistrado que ha pedido refugio en la residencia del diplomático, que también acoge a los magistrados Zuleima del Valle González Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenis del Valle Rodríguez.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, ha confirmado este jueves el ingreso de otro magistrado venezolano en la residencia del embajador de Chile en Caracas para refugiarse, con lo que ascienden a seis las personas que aloja en calidad de “huéspedes”.



“Marcano Salazar ha solicitado la protección de Chile fundada en circunstancias políticas conocidas. El Gobierno de Chile actuará en esta materia de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior”, añade el texto.

El Gobierno de Chile reafirma en el comunicado la urgente necesidad de iniciar una negociación creíble y aceptable para todas las partes involucradas que permita salir de la crisis que vive el hermano pueblo venezolano.

En la residencia del embajador chileno en Caracas se encuentra también Zuleima del Valle González, otra de los 33 magistrados designados por el Parlamento para integrar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Mercosur suspende a Venezuela indefinidamente

Los países miembros de la organización Mercosur se han reunido hoy sábado de urgencia en Sao Paulo para tomar una decisión sobre Venezuela. Según el comunicado hecho público, han decidido suspender indefinidamente al país latinoamericano por "ruptura del orden democrático" y ha pedido al Gobierno de Nicolás Maduro que empiece una transición política inmediatamente y ha señalado que Venezuela ha violado el orden constitucional.



Este conjunto de países también ha notificado a Venezuela que no aceptará su regreso hasta que libere a los presos políticos y desmantele la Asamblea Constituyente.


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