Chile: Amplían Estado de Catástrofe por incendios forestales a toda la región del Maule

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Controlan 64 de los 110 incendios forestales activos en Chile. En medio del combate a las llamas de los diversos focos de incendio repartidos en la zona central del país, autoridades y académicos plantearon la necesidad de que Chile se dote de planes y programas efectivos para la prevención y combate de estos siniestros. En tanto, la Presidenta Bachelet calificó como “el mayor desastre forestal de nuestra historia” los incendios que han azotado al territorio.

La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) amplió a toda la región del Maule el estado de catástrofe, esto debido a la magnitud y alcance de los incendios forestales que la afectan. El general brigadier del Ejército, Javier Iturriaga, asumirá el mando de las operaciones en la zona.

La decisión fue tomada luego de la reunión del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde se confirmó las 140 mil hectáreas consumidas por el fuego en todo el país, a las que se suman los 33 focos que se mantienen activos (regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos); 14 alertas rojas; 2 amarillas; 81 viviendas destruidas y 120 damnificados.

Siendo el más preocupante el que se desarrolla en el sector de Las Máquinas, en la comuna de Empedrado, dada su rápida propagación y cercanía con sectores urbanos. Además, se informó que el que avanza hacia la costera ciudad de Pichilemu está en completo descontrol.

El director de Conaf, Aarón Cavieres, señaló que “la situación que tenemos es de una mejoría en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. En la región de O’Higgins también se registran avances en el sentido que se está logrando que el incremento superficial sea muy bajo. En la región del Maule la situación es distinta, ya que se tiene una intensidad alta en la mayor parte de los incendios, lo que nos obliga a combatirlos con mucha más fuerza”.

Además se indicó que los recursos desplegados ascienden a un total de 37 aeronaves (aviones y helicópteros) de CONAF y ONEMI, que se encuentran trabajando en las distintas regiones del país, apoyados por particulares. A su vez, se mantienen desplegados cerca de 4.000 personas incluyendo a funcionarios de las Fuerzas Armadas, brigadistas de CONAF, voluntarios de Bomberos, estamentos del Estado, personal municipal, Gobernaciones, Intendencias y empresas privadas.

Para el académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Guillermo Julio, la prolongada sequía y las altas temperaturas pronosticadas hacían prever los incendios forestales.

Así aseguró que la responsabilidad recae en la fiscalización, “en la falta de cuidado, la ausencia de una política preventiva, vigilancia y recursos para atacar la magnitud del problema con la cantidad de medios requeridos”.

Guillermo Julio indicó que si bien en Chile existe una adecuada preparación para atacar incendios forestales de pequeñas extensiones, se debería fortalecer la prevención y tomar medidas para estar preparados para los que contemplan mayores zonas de destrucción.

Reacciones políticas

Luego de todas las críticas por la demora en decretar medidas de ayuda para combatir el fuego, la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a la magnitud de los incendios. Así calificó a la situación como “el mayor desastre forestal de nuestra historia”, por lo que desistió de su viaje a la cumbre Celac.

En tanto, Mario Fernández debió responder por la demora de las acciones ante la Cámara de Diputados. En la interpelación comandada por Juan Antonio Coloma Álamos negó cualquier tipo de irresponsabilidad de La Moneda insistiendo que “el gobierno cumple su deber siempre y lo cumple para solucionar los problemas, no para que se sepa que se soluciona”.

La respuesta de la autoridad no se condice con el diagnóstico de los alcaldes de los municipios afectados, quienes han denunciado lentitud del gobierno central para decretar zonas de catástrofes y movilizar la ayuda pertinente para combatir las llamas.

Mientras el ministro de Agricultura Carlos Furche descartó un daño mayor a la producción agrícola del país, llamó a concentrarse en la ayuda a los damnificados, insitiendo en dejar de lado las críticas al accionar político: “El foco es el combate al fuego y la ayuda a las personas”.

DC pide comisión investigadora

Parlamentarios de la Democracia Cristiana expresaron la idea de instalar una comisión investigadora luego de los incendios forestales que están afectando la zona centro-sur del país.

Según explicó el diputado Jorge Sabag, el objetivo es establecer el trabajo de los organismos involucrados en el combate de este tipo de siniestros.

El parlamentario sostuvo que es necesario mejorar los mecanismos del Estado encargados de prevenir y del combate de los incendios forestales, en particular al ser Chile un país con gran cantidad de masa forestal.

Si bien destacó el trabajo que desarrolla la Conaf, sostuvo que hay un porcentaje de los incendios que no se están atacando de manera eficiente producto de la falta de recursos.

Por ello, solicitó al canciller Heraldo Muñoz, se suscriba un acuerdo bilateral con Canadá en materia de prevención y combate de incendios forestales.

Negligencia e intencionalidad

Entre las autoridades y el mundo académico existe consenso sobre las causas que desatan los incendios. Así, el factor humano se vuelve determinante a la hora de iniciar el fuego: Según informó Conaf, el 98 por ciento de los focos de fuego se inicia por acción del hombre, ya sea negligencia o intencionalidad.

Así, se ha determinado, por ejemplo, que más de los quince focos que se encuentran activos tiene por origen el mal estado del tendido eléctrico. Por eso, la Fiscalía evalúa formalizar a la empresa responsable, toda vez que la Ley Eléctrica las obliga a mantener una faja de seguridad libre de elementos combustibles y de ramas o elementos que puedan tomar contacto con el cableado. Además, desde 2013 rige una ley que obliga a todo quien resulte responsable de provocar un incendio forestal a pagar con la pena de presidio menor en su grado máximo (entre tres y cinco años) y una multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales.

(Radio Universidad de Chile)

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