Hija de Berta Cáceres denuncia campaña de odio del Estado de Honduras

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La hija de la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada en Honduras hace un año, aseveró que el Estado también le hizo una guerra jurídica y mediática a Cáceres antes de asesinarla.

Olivia Zuñiga, hija de la activista ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, denunció que el Estado de Honduras realiza una campaña de odio y desprestigio contra su familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

En un contacto telefónico con teleSUR desde La Esperanza, Honduras, Zuñiga indicó que reciben amenazas desde las redes sociales y han sido víctimas de agresiones verbales, "al igual que hicieron contra nuestra madre, iniciaron una guerra jurídica y mediática antes de asesinarla".

"Sabemos que también nosotras corremos riesgo así como todos en este país, porque nadie está exento de la violencia", expresó Zuñiga y, a la vez, aseguró que pese a eso han demostrado "que sí es posible que el miedo y el dolor no te paralice".

Explicó que el Estado los culpa de "dejar mal" a Honduras ante la comunidad internacional al denunciar los asesinatos de líderes sociales, indígenas y ambientalistas, como el caso de su madre Berta Cáceres.

"Nosotros amamos a Honduras, somos los verdaderos defensores de nuestra Patria y orgullosamente somos lencas. Nuestra mayor victoria es seguir existiendo como pueblo indígena, es seguir resistiendo", aseveró Zuñiga.

Indicó que pese a la tristeza por el asesinado de Berta Cáceres, "es un hecho que visibilizó internacionalmente lo que ocurre en este país".

Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo de 2016 por sujetos desconocidos que forzaron el seguro de la entrada a la vivienda de la activista. El homicidio de Cáceres estuvo motivado por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y lideró las manifestaciones en defensa del medio ambiente y en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque este atentaba contra los recursos naturales. Su activismo le valió el Premio Medioambiental Goldman en 2015.

Hasta ahora van ocho personas detenidas por este crimen. El 9 de febrero de 2017 fue capturado Óscar Aroldo Torres Velásquez, de 22 años. El 13 de enero fue detenido el exmilitar Hernández Rodríguez, en una ciudad del estado mexicano de Reynosa. Entre los otros implicados se incluye un mayor del Ejército, Mariano Díaz; un capitán retirado, Edilson Duarte; y Sergio Rodríguez, un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) que es la encargada del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Honduras, donde el activismo social se baña de sangre

El activismo parece una mala ocupación en Honduras: solo en 2015 fueron asesinados 185 defensores del medio ambiente.

Desde 2010 se han registrado más de 3 mil 064 casos de criminalización de defensores de los derechos humanos en Honduras, según Global Witness

Al menos 113 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2016, según cifras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Ese dato convierte al país centroamericano en el más peligroso del mundo para el activismo ecológico.

Organizaciones indígenas y campesinas, legítimas propietarias de las tierras según la reforma agraria de 1992, se enfrentan a las empresas agroindustriales y a los paramilitares que esas empresas contratan, según las Naciones Unidas.

Otras organizaciones luchan contra las pretensiones de las multinacionales, cuyos proyectos hidroeléctricos y mineros amenazan el territorio y los derechos de pueblos indígenas.

Las cifras de la violencia se agudizaron con el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009, en el que se utilizaron paramilitares provenientes de Colombia, denunció la activista de ese país, Piedad Córdoba.

La militarización del territorio puesta en marcha por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, solo ha impulsado la cifra de atropellos. La violencia en Honduras causó el desplazamiento interno de 174.000 personas en los últimos 10 años.

Cada vez se reciben más denuncias por persecución y asesinatos de activistas en Honduras. El 18 de octubre pasado fue el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, quien resultó asesinado de varios disparos en la comunidad de La Confianza, departamento de Colón, tras ser atacado en el interior de la oficina del MUCA por hombres encapuchados.

Silmer Dionisio George también falleció a causa de los disparos. José Ángel Flores había recibido amenazas en reiteradas ocasiones. En marzo de este año, la Policía Nacional, sin orden judicial, allanó su casa, se los llevó detenidos a él y a su esposa, pese a encontrarse convaleciente de salud.

El líder campesino gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el inminente peligro que corría su vida.

Tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo del año pasado, el MUCA pidió estar alerta ante nuevos crímenes contra activistas indígenas.

(Telesur)

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