Gobierno francés refuerza represión a “chalecos amarillos”

Escrito por Léa Manet y Fernando Báez
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Los actos de violencia ocasionados estas últimas semanas por las protestas de los chalecos amarillos han dado argumentos al gobierno para enfocarse en la represión del movimiento y no en sus causas. El gobierno de Macrón ha aumentado las medidas de seguridad, atacando la cara violenta de estas manifestaciones que se vienen repitiendo cada sábado desde hace dos meses en varias ciudades del país.

Las movilizaciones del colectivo de los chalecos amarillos recuperan fuerza. El Ministerio del Interior calcula que han participado este sábado 19 de enero en protestas por todo el país 84.000 personas, 7.000 de ellas en Paris. El pasado sábado hasta 201 personas habían sido arrestadas. Varias manifestaciones se habían visto salpicadas de enfrentamientos con la policía, especialmente en París, Burdeos, Toulouse, Bourges y Caen. En esta décima jornada consecutiva de protestas la violencia ha sido generalmente menor que en anteriores manifestaciones.

La respuesta a las manifestaciones pasará por el reforzamiento de las medidas represivas

Por muy censurable que sea la violencia de los chalecos amarillos, esta sólo es respuesta a la violencia de un gobierno que no quiere oír. Al llamar el Pimer Ministro explícitamente a los chalecos amarillos como los que “cuestionan las instituciones”, daba así la clave a tanta obstinación por parte del gobierno. Lo que preocupa a esta presidencia es la cuestión política que se encuentra en el centro de este movimiento, más allá de las causas que lo motivaron – vida cara, poder adquisitivo, injusticia fiscal –: el cuestionamiento al sistema presidencial, sus instituciones.

No es normal que la sociedad conozca un incremento preocupante de la precariedad, de las desigualdades, del sentimiento de injusticia y de iniquidad. No es normal que el poder imponga una política totalmente injusta e imparcial, satisfaciendo las peticiones de los más poderosos, suprimiendo el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF) y las principales legislaciones fiscales a favor de los más ricos sin sostener el poder adquisitivo y sin tomar en cuenta la gente más desfavorecida.

Estamos viviendo el agotamiento del sistema presidencial, ese poder personal que se adueña de la República, la desvitaliza y la paraliza, esa monarquía electiva que, a través del abuso de poder, acaba por desacreditar a la democracia francesa entre el pueblo soberano.

Una nueva ley que cuestiona el equilibrio libertad-seguridad, entre la preservación del orden público y las libertades fundamentales.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunciaba el 7 de enero que el Gobierno presentará una "nueva ley" para endurecer las sanciones contra los "alborotadores" en respuesta a las movilizaciones de los chalecos amarillos, que han convocado a miles estos últimos dos meses de manifestaciones.

La nueva legislación contemplará penas más duras para delitos de vandalismo y para las manifestaciones no informadas, una práctica habitual de los chalecos amarillos. "Si queremos defender la libertad de manifestación (...) tenemos que avanzar en nuestras leyes, perfeccionando nuestra legislación", ha apuntado Philippe en una entrevista en la cadena de televisión TF1.

Represivo. El texto propone endurecer la infracción al ocultamiento de la cara en espacios público. Se propone sea castigado con hasta un año de encarcelamiento, medida mucho más "disuasiva" que una multa, según las autoridades.

Para evitar una censura constitucional, que juzgaría lo desproporcionada de esta pena, la ley precisará que se pruebe que la persona esconde su cara con vistas a cometer hechos de violencia, y no “con un motivo legítimo” como “protegerse contra gases lacrimógenos”. Una intención que, según los juristas, será difícil de interpretar, probar y aplicar.

El texto propone además una "ampliación" de los perímetros de protección instaurados por la ley antiterrorista de octubre de 2017. Aplicables solamente en caso de amenaza terrorista, estos perímetros lo serían ahora también en caso de riesgos " de una gravedad particular para el orden público ".

Asimismo, el texto prevé crear "prohibiciones administrativas de manifestar", directamente inspiradas por las "prohibiciones de residencia" de la Ley de emergencia - y censuradas en junio de 2017 por el Consejo constitucional.

En definitva, un catálogo con estas prohibiciones podría ser creado, como se hace con los hooligans en las competiciones deportivas. “El gobierno se ha verdaderamente reducido a pensar que la libertad de manifestar […] no merece más protección que la libertad de ir al estadio", ironizaba sobre Twitter el sindicato de la magistratura, de tendencia izquierdista.

“La salida a la crisis debe ser política, nacida del diálogo y de la concertación. No es un partido entre policías vs chalecos amarillos", indican los sindicatos de policía.

IIIe arrondissement, París, 22 de diciembre. Sexto fin de semana consecutivo de protestas. Foto Léa Manet

Un aumento de la represión que conduce a la radicalización

Lejos de estar a una altura democrática que se preocupe tanto por la paz republicana como por las libertades civiles, el gobierno ha elegido deliberadamente demonizar al actual movimiento social, caricaturizándolo como una pandilla de extrema derecha fascista, y aumentando la represión policial, cuyos excesos no son condenados. Ha optado por la confrontación, en pocas palabras.

Esto se refleja en su actitud frente a la violencia. Cualquier historiador de los movimientos sociales podría recordarle a estos gobernantes, que se apresuran a emocionarse unilateralmente sólo por la violencia del chaleco amarillo, que la violencia popular es el eco de la violencia estatal, la defensa brutal de un orden político, social y económico que sus beneficiarios han decretado inmutable.

Frente a la protesta en las calles, cualquier gobierno se inclinará por afirmar que la única violencia legítima es la del Estado y la de sus fuerzas policiales. Pero esta reivindicación del monopolio estatal de la violencia sólo puede defenderse si va acompañada de una defensa inflexible del Estado de derecho, es decir, de los derechos individuales y colectivos, incluidos la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, que pueden ser invocados por los ciudadanos contra el Estado que los viola, pisotea o reprime.

Desde la Revolución Francesa hasta mayo de 1968, pasando por julio de 1830, febrero y junio de 1848, las huelgas de 1936 o las insurrecciones de la Liberación, las Repúblicas, las libertades, los derechos, las instituciones, siempre han sido afirmadas, finalmente conquistadas o ampliadas gradualmente de la mano de estas revueltas tumultuosas, cuyas transgresiones, audacias y excesos permitieron inventar nuevos horizontes democráticos y sociales.

A partir de una revuelta contra el alto costo de la vida, el movimiento de los chalecos amarillos conlleva la exigencia confusa de una respiración democrática, del compartir y del intercambio, en lugar de la verticalidad presidencial. Responder a ella con más represión es demostrar su debilidad y su irresponsabilidad, porque lejos de apaciguar y unir a la gente, así es como dividimos y agravamos la situación.

Escrito por Léa Manet, doctora e investigadora en Ciencias Sociales - París, Francia / Fernando Báez, abogado - Oslo, Noruega.

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