A 20 años del arresto de Pinochet en Londres

Escrito por Jorge Romero
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Este mismo título se repetirá por estos días en muchos medios de comunicación, sencillamente porque es la forma más precisa de referirse al hecho. El arresto del dictador, el 16 de octubre de 1998, significó que millones de personas, en Chile y en el mundo entero abrigaran esperanzas de juicio y castigo para el asesino. Sin embargo, esas expectativas se diluyeron rápidamente debido al amplio apoyo que recibió el general, de las fuerzas armadas, evidentemente, de la extrema derecha y del propio gobierno de la Concertación que ostentaba en la persona de Eduardo Frei Ruiz-Tagle la presidencia de la República.

Basado en los hechos posteriores al arresto arriesgaré aquí la hipótesis de que esos hechos evidenciaron sin ninguna duda la existencia de pactos secretos entre la clase política chilena y las fuerzas armadas para que los gobiernos post dictadura le allanaran el camino a Pinochet para seguir al mando de las fuerzas armadas , asumir con honores el cargo de Senador Vitalicio y no correr el riesgo de ser juzgado en el exterior como tampoco en Chile, toda vez que el poder judicial chileno también se ponía al servicio de las clases dominantes y de las fuerzas armadas nazi fascistas al mando de Pinochet.

Al viaje a Londres, para apoyar al dictador, de oficiales de alta graduación, de dirigentes de los partidos de la derecha chilena y del partido democratacristiano, se sumaron no sólo el Embajador de Chile en Inglaterra sino el propio presidente Frei.

El periódico El País y la Agencia EFE escribieron entonces lo siguiente:

"La detención fue a medianoche. A esa hora del viernes, varios agentes de Scotland Yard irrumpieron en la habitación de la London Clinic, la clínica londinense donde está ingresado el general chileno Augusto Pinochet, de 82 años, convaleciente de una operación de hernia discal. Dormía, le despertaron y le informaron de que quedaba bajo arresto. Le mantuvieron incomunicado durante dos horas, hasta que el embajador chileno en el Reino Unido Mario Artaza Rouxel (PS) consiguió que se levantase la medida.

Horas antes, en Madrid, el juez Baltasar Garzón había firmado una orden de detención de Pinochet cursada a través de Interpol. Garzón y otro magistrado, Manuel García Castellón, esperan desplazarse en los próximos días a Londres para interrogar a Pinochet sobre algunas de las 1.101 desapariciones de adversarios políticos sucedidas durante sus 17 años de gobierno. Es probable que acaben pidiendo su extradición. "Los dictadores nunca acaban bien", declaró hace unos días Pinochet a la revista New Yorker, anticipando sus problemas. La detención del ex jefe de Estado chileno causó una auténtica conmoción en Chile, donde hubo júbilo callejero. El Gobierno chileno protestó ante el Reino Unido".

EFE Santiago 5 de diciembre de 1998

"El presidente de Chile, el democristiano Eduardo Frei, reiteró ayer que su Gobierno trabaja para buscar una reconciliación entre los chilenos, basada en la justicia, el arrepentimiento y el perdón, al redoblar sus esfuerzos por unificar criterios en favor de la libertad del general retirado Augusto Pinochet. Tras una serie de incidentes suscitados por las distintas visiones que el caso Pinochet genera entre sus aliados políticos, Frei asegura que el Gobierno chileno continuará sus esfuerzos para lograr el regreso del senador vitalicio a Chile".

En un artículo reciente (octubre 15) el sociólogo y politólogo Felipe Portales escribe: "La Concertación defendió a Pinochet hace 20 años".

"El próximo 16 de octubre se cumplirán 20 años de uno de los hechos políticos más impactantes que se han registrado en la historia de Chile. Se trata de la tenaz y exitosa defensa efectuada por los gobiernos de la Concertación de la impunidad de Pinochet, comenzada luego de la detención en Londres del ex dictador por la Justicia británica –a petición de la Justicia española– para juzgarlo por sus numerosos crímenes contra la humanidad.

Es cierto que los gobiernos de la Concertación ya habían defendido a Pinochet en numerosas ocasiones, pero nunca en casos judiciales. Así, frente a las duras críticas que recibía en sus viajes al extranjero como comandante en jefe del Ejército entre 1990 y 1998, diversos ministros concertacionistas –particularmente Enrique Correa– lo defendieron públicamente muchas veces. Peor aún, cuando varios diputados de la Concertación lo acusaron constitucionalmente en marzo de 1998 –luego de asumir como senador vitalicio– por diversas declaraciones y acciones graves cometidas en su calidad de comandante en jefe, el “establishment” concertacionista presionó duramente a sus diputados logrando que varios de ellos se plegaran a la derecha rechazando así la acusación constitucional en su contra.

Pero sin duda lo más insólito y vergonzoso fue la denodada y exitosa defensa que el liderazgo concertacionista hizo en favor de Pinochet para librarlo de una condena por sus gravísimos crímenes, primero frente a la Justicia europea y finalmente ante la Justicia chilena.

Aquel liderazgo utilizó la falacia de señalar que Pinochet debía ser juzgado en Chile, sabiendo que las posibilidades efectivas de hacerlo eran nulas. El entonces canciller José Miguel Insulza, declaraba: “En España, tras la sentencia de los Lores, Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarlo aquí son mucho más amplias que en España. (El Mercurio; 28-3-1999).

Por otro lado, los líderes de la Concertación usaron de todos sus contactos mundiales ¡que habían adquirido en la lucha contra la dictadura!, pero ahora con la triste finalidad de evitar la extradición –y segura condena– de Pinochet a España. Por cierto, tuvieron el firme respaldo de varios líderes de la extrema derecha mundial como Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Jean-Marie Le Pen y Jesse Helms. Finalmente lograron, so pretexto de manifiestamente falsas razones de salud mental (como quedaría demostrado con repetidas acciones y entrevistas dadas por Pinochet posteriormente), la liberación y vuelta a Chile del ex dictador.

Posteriormente –ya durante el gobierno de Lagos– se inició una sostenida campaña (pública y privada) sobre los tribunales de justicia chilenos para lograr de éstos también la impunidad de Pinochet, usando los mismos falsos pretextos de salud mental. En ambos casos quien desempeñó un papel crucial fue José Miguel Insulza. Primero como canciller de Frei Ruiz-Tagle; y luego como ministro del Interior de Lagos.

Insulza declaró a la Revista Caras que “no creo que el juez Guzmán vaya a mandar preso a Pinochet” (18-8-2000). Y más explícitamente con la Revista Qué Pasa, agregó: “Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. A mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así” (2-9-2000).

Posteriormente, en abril de 2001 cuando Pinochet fue procesado como encubridor en el caso Caravana de la Muerte, declaró: “El ya va por los 86 años; ha estado enfermo y sería natural que el juez diga: ‘Llego hasta aquí, no más’. Eso podría ocurrir en cualquier momento.

El “éxito” logrado con las presiones del gobierno de Lagos dejó especialmente mal parado al ex presidente, cuando se lo contrasta con dichos que el mismo había expresado en mayo de 1999, cuando respecto de su posición de que Pinochet debía volver a Chile para ser juzgado y el periodista le señaló que “eso es completamente imposible”, Lagos le retrucó: “Entonces hay que crear las condiciones para juzgarlo aquí. Si decimos que lo vamos a traer pero después no lo juzgamos, estamos mintiéndole al mundo, y no sería cierto que somos soberanos” (El Metropolitano; 27-5-1999). ¡Su mismo gobierno ayudó a consumar la mentira!

Por último, que esta actitud de defensa de Pinochet no respondía ni siquiera a un real temor de desestabilización lo dejó claro el propio ex presidente Aylwin al decir que si Pinochet era enjuiciado “no temo que haya un golpe ni un peligro de regresión a una dictadura. Eso está descartado. La democracia en Chile volvió para quedarse y no la he visto en peligro ni un solo día” (Caras; 18-8-2000).

Más aún, el ex ministro de Hacienda de Aylwin, ex presidente del PDC y futuro canciller del primer gobierno de Bachelet, Alejandro Foxley, junto con insinuar también que los tribunales dejaran sin sanción a Pinochet por razones de salud mental, efectuó ¡un verdadero panegírico a la obra refundacional de Pinochet!, señalando que “el realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Eso (…) sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

Pero previo a este cambio, existió un abogado y una política que dieron el primer paso:

El 12 de enero 1998, Gladys Marín y Eduardo Contreras interpusieron la primera querella contra el General Pinochet. Contreras recuerda los hechos: “Nosotros llegamos con mucho ímpetu, pero tuvimos que pararnos y hacer cola”. Y agrega: “Nos paramos un rato, 5 o 10 minutos, hasta que llegó el momento en que Gladys pudo acceder al mesón y a presentar el escrito. Lo timbraron, nos miramos todos, no había prensa, nos dimos vuelta y nos fuimos”.

20 años de dicha querella, 20 años de historia, porque a las 3 de tarde del 12 de enero de 1998 cambiaría el rumbo de los Derechos Humanos para siempre. Y no era para menos. El caso de Pinochet en Londres impactó en la política internacional: Fue el primer arresto de un exjefe de Estado con pasaporte diplomático en suelo británico. Por esos días, además, el espectro político estaba dividido entre quienes apoyaban la "jurisdicción internacional" -y, por ende, la idea de enjuiciarlo en Europa- y los que consideraban que con el arresto se estaba violando la "inmunidad diplomática" del excomandante en jefe.

Entre estos últimos estaba el propio gobierno de Chile, liderado en ese momento por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se enteró de la noticia mientras estaba en una Cumbre Iberoamericana en Oporto, Portugal. "Las personas en Chile tienen que ser juzgadas por los tribunales chilenos, eso es lo que corresponde".

El abogado Contreras ha declarado recientemente: "Era una querella presentada contra Pinochet, directamente, por los casos de crímenes, ejecuciones, torturas y prisioneros. La detención de Pinochet en Londres fue noticia mundial y fue también un hecho jurídico muy importante. Al ser detenido Pinochet en Londres se hacía realidad por primera vez en la historia la materialización de que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, es la Humanidad entera la que tiene el derecho de juzgar y detener a los culpables. La tragedia chilena no es del pasado. Puede ser también del futuro si no aprendemos las lecciones de la historia".

El 2 de marzo del 2000, Straw ordenó la liberación de Pinochet por razones de salud.

El excomandante en jefe abandonó ese mismo día su residencia en Virginia Water para abordar un avión de la fuerza aérea en vuelo directo a Santiago. El enfermo se paró de la silla de ruedas y bastón en alto saludó a los encubridores y cómplices que lo esperaban.

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