El día en que la justicia chilena negó a Francia la extradición de 10 agentes de la dictadura pinochetista condenados por crímenes de lesa humanidad

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En 2013, la Corte Suprema de Chile rechazó la petición de extraditar a diez criminales de la dictadura de Pinochet que fueron condenados en París, por la desaparición forzada y muerte de cuatro ciudadanos franceses. "Es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición", sostuvo entonces la jueza Rosa María Maggi, según informa la revista chilena El Desconcierto.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre las espaldas de la derecha chilena. Apenas se confirmó que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas entregaría asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, todo tipo de acciones de advertencia y rechazo comenzaron a planificarse.

De hecho, pese a que no tiene competencia al respecto, el Gobierno chileno anunció la entrega de una nota de protesta ante la Embajada de Francia en Chile, mientras que Piñera informó que enviará una carta a su homólogo francés, Emmanuel Macron, para exigir que se cumpla con el tratado de extradición que existe entre Chile y Francia.

“Le voy a enviar una carta al Presidente Emmanuel Macron, porque este tema lo conversamos y él me confirmó que la primera decisión la tenía esta oficina independiente del Gobierno francés”, señaló en El Informante.

Llama la atención la persistencia del oficialismo porque se cumpla el tratado de extradición entre ambos países, un interés que no han mantenido cuando ha sido la justicia francesa la que se ha interesado en procesar a criminales chilenos. De hecho, en noviembre de 2013 pasado, la jueza Rosa María Maggi rechazó extraditar a diez ciudadanos chilenos condenados en Francia -en ausencia, en diciembre de 2010- por la muerte de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La sentencia de la jueza integrante de la Corte Suprema de Chile estableció que “es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición, dado que se trata de hechos acaecidos a partir del 11 de setiembre de 1973 y cuyo principio de ejecución se sitúa dentro del territorio de nuestro país”.

De esta manera, la jueza negó la extradición de los oficiales chilenos:

Luis Ramírez Pineda

Emilio Sandoval Poo

Blascay Zapata Reyes

Manuel Contreras Sepúlveda

Pedro Espinoza Bravo

Raúl Iturriaga Neumann

Miguel Krassnoff Martchentko

Gerardo Godoy García

Marcelo Moren Brito

Rafael Ahumada Valderrada

Ciudadanos franceses asesinados por los secuaces de Pinochet

Desaparición forzada, tortura y asesinatos de cuatro ciudadanos franceses

El 17 de diciembre de 2010, el Tribunal en lo Criminal de París condenó a los mencionados diez ex agentes de la dictadura de Pinochet a penas que iban desde los 15 años de prisión a presidio perpetuo, por su participación en los asesinatos y desaparición forzada de Alfonso Chanfreau Oyarce, Georges Klein Pipper, Jean-Ives Claudet Fernández y Ettiene Pesle.

Ver noticia completa en el sitio web de la revista El Desconcierto

Familiares de las victimas de la dictadura pinochetista durante el proceso judicial en Francia el 17 de diciembre 2010 en el que se condeno a los criminales chilenos.

La justicia francesa condena a cadena perpetua a altos cargos dictadura de Pinochet

(Noticia publicada por Listin Diario el 10 de diciembre 2010)

La justicia francesa condenó ayer a cadena perpetua a dos altos cargos de la dictadura chilena de Augusto Pinochet y a penas de entre 15 y 30 años de cárcel a otras once personas por el secuestro, las torturas y la desaparición de cuatro ciudadanos galos entre 1973 y 1975.

La sentencia, que aplaudieron emocionados los testigos y familiares de las víctimas presentes en la Sala Tercera del Tribunal de lo Criminal de París, es tan histórica como simbólica.

Los trece chilenos y el argentino de entre 61 y 89 años reclamados por la justicia francesa no se personaron en el juicio, que se celebró con la cabina de los acusados vacía, ya que Chile no les extraditó.

Ni siquiera designaron abogados defensores porque no reconocen la jurisdicción de Francia para procesarles y, salvo que abandonen el territorio chileno, es poco probable que terminen en prisión.

Sin embargo, la sentencia resultó reconfortante para los familiares de las víctimas, muchos de los cuales se desplazaron hasta París para seguir un proceso de ocho días que pone fin a un sumario de 12 años y que se inició después de que el juez español Baltasar Garzón solicitara el arresto en Londres del dictador Augusto Pinochet.

La hermana de uno de los desaparecidos, Jean-Yves Claudet, Jacqueline, dijo a Efe aún dentro de la sala que la sentencia "es un gran placer y un gran alivio" porque se ha condenado a "perpetuidad a los principales acusados, a penas muy elevadas a los responsables y a penas bastante fuertes a los ejecutores", en un proceso importante no sólo para Chile, sino "para toda América Latina".

El juez Hervé Stephan superó la petición fiscal, que había solicitado penas de entre 15 y 20 años de cárcel, y sentenció a cadena perpetua al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen militar chileno, Juan Manuel Contreras y al ex brigadier y segundo de Contreras en la DINA, Pedro Octavio Espinoza Bravo.

Además de los máximos responsables del organigrama, la justicia francesa declaró culpables al resto de los involucrados en las desapariciones de Georges Klein, consejero del presidente chileno Salvador Allende, y Alphonse-René Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

También en las desapariciones de Claudet, militante del MIR desaparecido en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor de las dictaduras suramericanas de los años 70, y Etienne Pesle, párroco dedicado a la redistribución de tierras.

El resto de acusados, en su mayoría militares y miembros de los servicios secretos de su país, fueron sentenciados a penas de entre 15 años -la que recayó sobre el único civil, Emilio Sandoval Poo- y de 30 años para los militares Marcelo Luis Moreno Brito y Miguel Krasnoff Matchenko.

Rafael Francisco Ahumada Valderrama fue el único condenado a 20 años, mientras que el juez dictó 25 años de cárcel para Hernán Julio Brady Roche, Luis Joachim Ramírez Pineda, Gerardo Ernesto Godoy García, Basclay Humberto Zapata Reyes, Enrique Lautaro Arranciabia Clavel, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y el argentino José Osvaldo Riveiro.

José Octavio Zara Holger, que falleció, fue el único absuelto en este juicio.

El desenlace de este proceso gozó de una "proporcionalidad impecable", según dijo ante la nube de periodistas de medios internacionales que cubrieron el juicio el experto en derechos humanos y miembro de la Comisión de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas Roberto Garretón, quien también acudió al Palacio de Justicia de París en calidad de testigo.

Tras 37 años, el veredicto permite a los familiares cerrar el enigma de qué pasó con los suyos, después de que un tribunal sentencie que fueron secuestrados ilegalmente por los agentes golpistas, quienes les hicieron desaparecer.

Pero es además el juicio "postmortem a Pinochet", acusado en el caso hasta su muerte en 2006, y el punto final a un avance en "el desarrollo de la justicia penal internacional", según William Bourdon, uno de los letrados que representó a las familias.

Por ello, al principio del juicio declararon ante el tribunal prestigiosos juristas internacionales, entre ellos el único redactor vivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Stéphane Hessel, de 93 años.

"Todos estaremos orgullosos si a través de este proceso el derecho penal internacional aborda una nueva etapa", dijo con un discurso lúcido el diplomático y antiguo miembro de la Resistencia en la II Guerra Mundial, quien subrayó que el proceso se celebró "en nombre de las reivindicaciones legítimas de la sociedad humana".

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