Colombia un país dividido en medio de graves problemas sociales y políticos

Escrito por Pedro Pérez Parada
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La Colombia del realismo mágico, el país multiétnico con sus diferentes expresiones culturales y folclor, que se recrea en un mundo natural exuberante, lleno de biodiversidad y ecosistemas, solo existe en los catálogos de las oficinas de turismo.

En la realidad, Colombia es un país divido en medio de graves problemas sociales y políticos, agobiado y cansado de tanta injusticia social y desigualdad. Con una población, viviendo en un ambiente de violencia, de pobreza, soportando una inconformidad y malestar social acumulado por décadas y sin un Estado social que se preocupe en atender y resolver sus necesidades básicas.

Hay quienes se resisten a aceptar que las revueltas que han sacudido al país en los últimos meses tengan causas sociales. Lo cierto, es que estamos ante unas nuevas generaciones de colombianos que reclaman un cambio y dispuestos a ejercer el poder ciudadano, como quedo registrado en las imágenes que han recorrido las redes sociales, las televisiones y los diarios del mundo. Jóvenes en las calles del país exigiendo justicia social, condiciones de vida dignas y respeto por la vida. Al mismo tiempo, un Estado, reprimiéndolos a sus ciudadanos un uso desproporcionado de la fuerza, con brutalidad y violencia policial como única respuesta.

Esa violencia y represión que se vive ahora en las calles, es solo una muestra, de la que ha sufrido la población rural (indígenas y campesinos) por años. Solo que ahora que se ha trasladado a las ciudades, los autores materiales, policía, ejército y grupos paramilitares son plenamente identificables, Responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales, desapariciones, enterramientos en fosos comunes, falsos positivos judiciales y abuso sexual contra la mujer. Una violencia y represión que se ha cobrado la vida de miles de habitantes del campo y el desplazamiento forzado interno de millones de personas en las últimas décadas.

Lo que queda claro en las imágenes digitales, es que en Colombia se viola los derechos humanos con total impunidad. Sus gobernantes sin ningún pudor y temor lo niegan y mienten ante los medios y la comunidad internacional, como lo han hecho por décadas.

¿Quiénes son esos jóvenes, que han iniciado las protestas, que han convertido las calles en un territorio de resistencia, que han levantado a un pueblo silenciado y están ocupando los espacios en los medios digitales, atrayendo la atención de la comunidad internacional con sus reivindicaciones?

Son consecuencia del desplazamiento forzado interno; son los huérfanos, los hijos de las familias que lo perdieron todo. Esas generaciones, que les toco crecer en los cordones de miseria de las grandes ciudades y que hoy no tienen futuro. Los jóvenes que representan a esos 6.7 millones de desplazados (DANE) y que situaron a Colombia en un deshonroso cuarto lugar en el mundo, con el mayor número de desplazados internos.

Es esa población desplazada que por años el Estado ha invisibilizado y que hoy se considera una carga económica que nadie quiere asumir. En Colombia se ha gobernado, históricamente, sin afrontar los problemas de la desigualdad estructural y manteniendo esta como un factor de gobierno más y la pandemia ha sacado la desigualdad a la luz. Según las estadísticas, el número de fallecidos se acerca a los 100 mil. Lo que más indigno a la población, es el manejo que el gobierno le dio a los recursos del Estado y a los préstamos para la pandemia, que terminaron en las manos de los sectores económicos cercanos al gobierno. Al tiempo que la población más pobre moría por la pandemia y sus condiciones económicas se deterioraron aún más sin un verdadero programa de ayuda. Sin embargo, para pagar el gasto extraordinario a que dio la pandemia, el gobierno fraguo una reforma fiscal nuevamente basada en la desigualdad.

Durante la pandemia, la pobreza en Colombia se elevó al 42% y de los casi 50 millones de habitantes, 21 millones viven en situación de pobreza en Colombia. En ese escenario, solo un 50% de la población productiva hace parte del mercado laboral, esto es, tienen asegurado un salario mensual, la posibilidad de acceder a un crédito para vivienda y situarse en los extractos medios de la sociedad. Mientras que la otra mitad, está condenada a vivir de la economía informal. Este sector social marginado a la informalidad económica es excluido por el Estado en su esquema de distribución de la renta y configura una especie de extranjero viviendo en su propio país. Y cuando de este sector surgen organizaciones revindicando la inclusión plena en la sociedad son reprimidas y sus líderes encarcelados o asesinados selectivamente por el paramilitarismo.

Esa es la población marginada que, en las zonas rurales, se opone y resiste a que Colombia se convierta en un país con una economía extractivista, como está ocurriendo, en la que sus ingresos más importantes dependen de la explotación y exportación de materias primas (minerales, carbón, petróleo). Una actividad económica a gran escala, que no solo está causando la destrucción del medio ambiente, sino que, es generadora de conflictividad social y violencia.

Estamos frente a un país que no supo valorar a tiempo sus recursos naturales y sacarles el mejor provecho, con los que se hubiera podido industrializar y ampliar su sector manufacturero. Eso le impidió estar preparado para la apertura comercial (tratados de libre comercio) y ocupar un mejor lugar en ese mercado global neoliberal liderado por los países industrializados del norte global.

En ese contexto, Colombia como otros países del sur global, no les quedo otra opción que competir en el mercado de las materias primas, ofreciendo a los inversionistas, excepciones tributarias y flexibilidad ambiental. Al final, los ingresos que obtiene el país, provienen en su mayoría, de las regalías, que ya están comprometidas: pagar una deuda externa impagable, alimentar el aparato burocrático y la corrupción.

Por otro lado, estamos frente a un país que se acostumbró al dinero fácil y rápido (mano de obra barata, narcotráfico, lavado de activos, especulación financiera). Pero también, que ha vivido del crédito de la banca internacional, un dinero caro, con intereses altos y la exigencia de unas garantías (privatización), que terminan empeorando el precario bienestar de la población y que obliga al sacrifico de los recursos naturales y a la destrucción del medio ambiente.

Esa es la Colombia que las revueltas quiere cambiar, mientras esto sucede, el gobierno y los empresarios, en medio de la pandemia y la movilización social, ya empiezan a hablar de retornar a los negocios como de costumbre, de volver a su normalidad para seguir acumulando riqueza, sin tomar en cuenta el clamor popular.

Esas esperanzas de cambio, van a depender al final de los resultados que se obtengan en las lecciones a celebrarse el próximo año. Con la incertidumbre a que da lugar, unos procesos electorales viciados y cuestionados por la falta de transparencia e imparcialidad.

Mientras Colombia siga viviendo en esa anormalidad democrática, los jóvenes de la primera línea, los líderes sociales y ambientalistas, estarán expuestos a ser asesinados, torturados y desaparecidos, ahora más que nunca, cuando las elites ven peligrar sus privilegios y su poder político y económico.

Ese es el escenario de una Colombia dividida, desangrándose por la intolerancia, con unos acuerdos de paz incumplidos y sin poderse reconciliar. Con una comunidad internacional silenciada y un bajo perfil de sus organismos de derechos humanos, que alienta al Estado a seguir reprimiendo y asesinando a su población.

Acerca del autor:

Pedro Pérez Parada, es abogado de origen colombiano (Universidad Externado de Colombia), con estudios de postgrado en Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid, España) y Derecho Constitucional y Ciencia Política (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid).

Con experiencia, en la verificación de los Derechos Humanos en postconflicto (Misión de Naciones Unidas en Guatemala) y como Observador de procesos electorales en países latinoamericanos con la Unión Europea.

En la actualidad se dedica al estudio de los derechos humanos con un enfoque en la justicia social y el cambio climático en los países del sur Global.

Como activista en justicia social climática, participó en París COP21 (2015) y Madrid, COP25 (2019), Con esa experiencia apoya el trabajo que vienen realizando los movimientos y organizaciones de la sociedad civil (COP26 Coalición) en Glasgow, Escocia, lugar donde reside en la actualidad y donde tendrá lugar la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático en noviembre.