Venezuela ante la Ley de Amnistía: ¿Justicia real o una "farsa" como herramienta de control?

Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. A inicios de 2026, el país sudamericano experimenta una de las transformaciones más complejas de su historia reciente: el inicio de un proceso de excarcelaciones masivas bajo el paraguas de la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, lo que se presenta desde los despachos oficiales como un gesto de reconciliación nacional, es visto por las víctimas y la comunidad internacional como un proceso plagado de sombras, exclusiones y una justicia que todavía llega "a cuentagotas".

El anuncio formal del proceso, realizado por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, despertó una esperanza contenida en miles de hogares. No obstante, tras la aprobación definitiva de la ley este 19 de febrero, la ONG Foro Penal ha lanzado una advertencia contundente: la norma es selectiva y excluyente.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, criticó que la ley no cubre los 27 años de forma continua (1999-2026), sino que realiza una "selección arbitraria de meses específicos". De los 156 meses que suman ese periodo, la ley solo ampara hechos ocurridos en 20 meses específicos. Esto deja fuera 15 años completos de historia política, creando un vacío legal para quienes fueron arrestados en fechas no contempladas en la norma.

Este escepticismo es compartido por figuras de la política internacional. La analista Beatriz Becerra, quien fuera Eurodiputada por España y ha seguido la realidad venezolana muy de cerca, califica el proceso como "una farsa como coartada".

Becerra advierte que una amnistía auténtica debe partir de un reconocimiento de la injusticia cometida, algo que no ocurre en este caso. "La venezolana reafirma el poder de quien encarceló para decidir a quién libera, cuándo y bajo qué condiciones", señala la analista. Según Becerra, la ley contiene una "trampa clásica": al excluir conductas definidas de forma expansiva —como acciones "contra la soberanía" o "instigación"— deja fuera a buena parte del liderazgo opositor y del exilio.

"Se abre la puerta de algunos presos mientras se conserva la llave para volver a cerrarla. Esta ley-fraude no es el final de un ciclo, sino una herramienta de control en el siguiente. No hace falta una ley para abrir las cárceles a quienes nunca debieron entrar en ellas", sentencia Becerra.

Según los datos más recientes de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de este beneficio debido a las limitaciones técnicas de la ley. Entre los afectados se encuentran:

• Militares y civiles: Muchos detenidos vinculados a operaciones militares han sido dejados de lado.

• Acusaciones falsas en fechas "fuera de rango": Ciudadanos que fueron arrestados por delitos que no cometieron en momentos que la norma no contempla.

• Casos críticos: La organización presentará una lista de 232 casos de vulneraciones graves, que incluyen a personas con discapacidades, ancianos mayores de 70 años y detenidos que llevan años sin presentación ante tribunales.

Nada ilustra mejor la precariedad de este proceso que el caso del líder opositor Juan Pablo Guanipa. Tras casi dos años en la clandestinidad y sufrir prisión, fue liberado el 8 de febrero, solo para ser arrestado nuevamente horas después bajo régimen de casa por cárcel por "incumplir condiciones" al declarar ante la prensa.

Finalmente, tras la aprobación de la ley, Guanipa recuperó su libertad este viernes. Visiblemente conmovido desde la Basílica de la Chinita en Maracaibo, envió un mensaje contundente:

"Si no hay reconocimiento de la voluntad popular, si no hay reconocimiento de la soberanía popular, estamos mal. Apuesto por la verdad porque creo que nos puede ayudar a asumir un proceso de libertad y democracia".

Desde Londres, Amnistía Internacional (AI) mantiene el dedo en la llaga. En su informe de febrero de 2026, advierte que las detenciones arbitrarias son una "política de represión" sistemática. AI ha documentado condiciones infrahumanas: desde torturas con descargas eléctricas hasta la denegación de salud en casos urgentes como el de Emirlendris Benítez. Para AI, mientras exista un solo preso de conciencia, la violación de derechos humanos continúa siendo una política de Estado.

Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, celebra la ley como un hito, la sociedad civil exige cautela. Si bien es cierto que entre 2024 y 2025 se han beneficiado 2,742 personas (la mayoría con medidas cautelares y no libertad plena), Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, es enfático: "La esencia del problema de la represión se mantiene".

La propuesta de transformar El Helicoide en un espacio cultural sigue siendo motivo de roce. Activistas como Andreína Baduel insisten en que debe ser un Museo de la Memoria para honrar a quienes sufrieron abusos en su interior.

La crónica de los presos políticos en Venezuela entra en un capítulo decisivo. La Ley de Amnistía es un paso, pero la exclusión de cientos de detenidos, la rigidez de los calendarios y el mantenimiento de categorías como "terrorismo" para silenciar la disidencia sugieren que la reconciliación real está aún lejos. Para las familias que esperan en las puertas de las cárceles, la justicia no estará completa hasta que la libertad sea "plena, inmediata y para todos".