España condena hasta con 13 años de cárcel a líderes independentistas catalánes

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El Tribunal Supremo español condenó a penas de prisión a nueve de los doce políticos catalanes por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia por sus actuaciones en el intento de declaración unilateral de independencia de octubre del 2017.

Las penas oscilan entre los nueve y los 13 años de cárcel, que también incluye la inhabilitación para cualquier cargo público y la retirada de todos los honores.

Los otros tres imputados -que afrontaron el juicio en libertad bajo fianza- fueron únicamente condenados por el delito de desobediencia y su pena fue de un año de prisión y una multa, lo que no supone el ingreso en la cárcel. El independentismo reaccionó con indignación ante la sentencia, al afirmar que “nos están condenando a todos”.

Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Carlos Marchena, comunicaron muy temprano la sentencia a los imputados, a sus defensas, a las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular- y a los medios de comunicación.

Finalmente los jueces decidieron descartar el delito de rebelión, que suponía el ejercicio de la violencia activa durante el proceso, sin embargo sí fueron encontrados culpables de los delitos de sedición, malversación caudales públicos y desobediencia.

Las penas van de forma escalonada de mayor a menor, según el cargo dentro del gobierno. Por lo tanto, el que recibió la pena más severa fue el ex vicepresidente de la Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, quien deberá afrontar una pena de 13 años de cárcel y de inhabilitación. Mientras que los ex consejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años de cárcel; los otros dos ex consejeros Josep Rull y Joaquim Forn sólo fueron condenados por el delito de sedición, que no de malversación, a una pena de diez años y medio de prisión y de inhabilitación.

La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, también de ERC, fue condenada a 11 años y medio de cárcel por un delito de sedición. Por este mismo delito se ha impuesto una pena de nueve años a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs fueron sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y diez meses de multa con un cuota de 200 euros diaria. Los tres han resultado absueltos de malversar fondos públicos.

Durante la redacción de la sentencia, después de más de cuatro meses de juicio en el que concurrieron más de 500 testigos y se analizaron miles de documentos y soportes gráficos, los magistrados debatieron profusamente sobre si los imputados habían o no inducido a la violencia durante los días en los que el movimiento independentista, liderado por el ex presidente Carles Puigdemont -refugiado en Bélgica desde hace dos años- intentaron declarar de forma unilateral la independencia.

Según los magistrados españoles, los políticos sentenciados no indujeron la violencia que se produjo en las jornadas más críticas de septiembre y octubre de 2017, pero sí promovieron tumultos para obstaculizar la aplicación de las leyes.

La decisión de la Sala fue unánime, con lo que ahora las defensas de los acusados anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales y si este no prospera se presentará un recurso de impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El conjunto del movimiento independentista reaccionó a la sentencia con “indignación”, al entender que se “está juzgando a todos” con una condena que criminaliza las reivindicaciones soberanistas. Incluso el ex presidente Puigdemont, desde Bruselas, hizo un llamado a la población a “tomar las calles” para responder a la sentencia, que fue secundada por las principales autoridades catalanas. Además las principales asociaciones independentistas anunciaron movilizaciones ininterrumpidas y una huelga general para el próximo viernes.

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional en español e inglés para explicar la sentencia e insistir en la calidad y validez democrática del Estado español.

Sánchez advirtió que estamos ante “los estertores del fin” del llamado proceso soberanista, por que lo abrió las puertas al diálogo para reconducir el conflicto por la vía del diálogo. “El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento”, advirtió Sánchez, cerrando el paso a las peticiones de “amnistía” que empezaron a salir desde Barcelona para que se indultara desde el Ejecutivo español las condenas.

“Hoy se confirma el naufragio de un proyecto que ha fracasado en su intento por lograr apoyo dentro de España y un reconocimiento internacional”, insistió Sánchez, que advirtió que en caso de desobediencia flagrante por parte de las autoridades catalanes su gobierno será “firme y proporcional” en la aplicación de la ley.

El conjunto del independentismo compareció de forma conjunta para denunciar lo que calificaron de “atropello” y una condena “antidemocrática” e “injusta”. El propio presidente Torra, flanqueado por Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, afirmó en una declaración institucional que “el Govern rechaza esta sentencia por injusta y antidemocrática, por ser una causa general contra el independentismo y el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

“Entendemos que la acusación que se ha hecho y la sentencia que se ha dictado son extensivas a millones de catalanes. Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas”.

La respuesta de la justicia española fue a través del juez del TS, Pedro Llarena, que decidió emitir una nuevo euroorden de detención contra el propio Puigdemont y con los otros ex consejeros que se encuentran refugiados en otros países. Con la sentencia en firme, la solicitud por parte de la justicia española cobra más fuerza y tiene más visos de prosperar. De hecho se preveía que la comparecencia de Puigdemont en Bruselas se cancelara, pero finalmente sí realizó una declaración institucional ante los medios de comunicación en la que hizo un llamado a la movilización popular con el mensaje de que “hoy más que nunca” la “única salida es la independencia”.

(La Jornada, Ara.cat, agencias)