Explotación, criminalización y persecución contra indígenas de Guatemala

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Se movió por Noruega para evidenciar los problemas del sector minero, la criminalización de la protesta y la exclusión social. Para Geremías Castro hay un nuevo modelo económico en Guatemala que ha sido impuesto y que tiene que ver con la extracción de minerales, hidroeléctricas y los monocultivos para la fabricación agro-combustible, que perjudica a las comunidades indígenas quienes representan el 60% de población total.

La responsabilidad de la implementación de estos modelos extractivos dice Castro “recae directamente en el Estado, facilitando la entrada de este tipo de inversión que es nefasta. Han creado nuevas normas para criminalizar la protesta social, a los lideres, las organizaciones campesinas y a los pueblos indígenas que se oponen a este esquema”. Aunque el sistema democrático guatemalteco tiene el mecanismo de la consulta previa a las comunidades, según Castro, nunca se ha consultado a ninguno de los que han sido afectados por la explotación minera de sus territorios.

La asociación de Abogados Mayas fue uno de los primeros en trabajar por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, “hemos sido portavoces, he intentamos traducir el sentimiento de las comunidades, en relación a las actividades que se desarrollan sin consulta previa”. La persecución es el pan de cada día y esa es la denuncia que Geremías Castro ha venido realizando en Europa, ejercer el derecho con el fin de apoyar, denunciar o pedir justicia para las comunidades que rechazan la imposición de modelos económicos, se ha convertido en un peligro, destaca el jurista.

Según el Centro por la Justicia y Derecho Internacional “Algunos de los hechos que fueron cometidos contra el grupo étnico maya Ixil, fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se registraron más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco, que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, numerosos casos de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado”.

Según una investigación realizada por Jorge Murga del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir de la aprobación de la ley de minería de 1997, se crearon incentivos para la explotación, en la que se permite a compañías extranjeras adquirir el 100% de la propiedad de las empresas, condonando algunos impuestos sobre el uso del agua.

Una de las primeras empresas que llego fue la canadiense Montana Gold en 1998, seguida de la Montana Exploradora de Guatemala en 1999, luego Montana Gold se fusiono en el 2000 con la compañía Américo-canadiense Francisco Gold, la cual se convirtió en el 2002 en propiedad de otra empresa canadiense, la Glamis Gold (Goldcorp) creada en 2006, posteriormente entro la canadiense INCO (HubBay Minerals) que inicio desde el 2008.

En Guatemala se extrae bajo licencias o concesiones minerales principalmente el oro, seguido del cobre, níquel, plata, cromo, zinc, cobalto y plomo, que tienen como consecuencia “nuevas presiones sobre la tierra que se traducen en despojos a familias y comunidades campesinas, eliminación de sus sistemas productivos, aumento del número de campesinos sin tierra, problemas ambientales, pobreza y conflictividad” explica Murga.

Para Castro “muchas de estas empresas quieren trabajar dentro de la impunidad y hay una tendencia ha silenciar las voces que hacen denuncia”. Hay luchas que se están desarrollando en muchas partes del mundo y es la humanidad la que debe replantearse su forma de vida, es el mensaje final de este abogado guatemalteco.

Escrito por Mónica Orjuela