Guatemala 2024: una oportunidad para el cambio y construir un pais democrático
El 2023 ha sido un año de contrastes para la democracia en Guatemala. Entre los aspectos positivos a destacar, las elecciones presidenciales celebradas en el segundo semestre del año. Realizadas en un ambiente de convivencia pacífica, de conformidad con la normativa electoral del pais y los estándares internacionales para los procesos democráticos. El acompañamiento y el trabajo de observación realizado por la comunidad internacional, contribuyo a crear un clima de transparencia, confianza y credibilidad en el proceso electoral, las instituciones electorales y los resultados.
Unas elecciones en las que no se esperaba el triunfo del candidato de un partido emergente. Del movimiento” Semilla”, que se define como socialdemócrata, ecologista y progresista. El que obtuvo la mayoría de votos con la consigna de erradicar la corrupción, cuidar el medio ambiente y promover el desarrollo humano. Entre sus propuestas de cambio: fortalecer la democracia para hacerla más participativa, incluyente y respetuosa del Estado de derecho. Convertir a Guatemala, en un pais más justo, equitativo y sostenible, en el que se reconozca la pluralidad.
Pero esta victoria electoral no fue bien recibida por las elites políticas conservadoras del pais. Hay quienes opinan que no solo se trató de una derrota electoral, sino el principio del fin de una hegemonía política, de mandatarios fieles y dispuestos mantener el modelo político actual. Un triunfo, que crea cierta preocupación en un Estado, donde los partidos emergentes con sus propuestas de cambios no tienen cabida, por ser contrarias a los intereses económicos de las elites del pais.
En ese contexto político, estará gobernado el presidente Bernardo Arévalo durante el periodo presidencial 2024-2028. En un pais, en el que las elites han ejercido el control de los tres poderes del Estado. Las que difícilmente estarán dispuestas a compartir el poder, en particular, con un partido como “Semilla. Una agrupación política, que propone erradicar la corrupción, el clientelismo y el tráfico de influencias, que caracterizan al sistema político dominante.
A diferencia de los partidos tradicionales que representan la figura y los intereses personales de un candidato, el Partido” Semilla” es el resultado de los movimientos y de las organizaciones de la sociedad civil. El que nace como un movimiento anticorrupción, como una respuesta a la crisis política del 2015. Un movimiento con cierto arraigo ciudadano, que crece hasta convertirse en un partido político, con la misión de representar los intereses y demandas de la población. Una fuerza política, que en la actualidad la integran profesionales de las generaciones del postconflicto, lideres indígenas y comunitarios y ciudadanos de a pie. La suma de esas voluntades, representó el 63% de la votación, ganando las elecciones con una mayoría importante.
La mayoría a la que se hace referencia, es la población que históricamente se ha considerado racializada y sometida a un régimen patriarcal, excluyente y discriminatorio. El que sigue limitado y restringido el ejercicio de las libertades civiles y políticas para mantener el statu quo. De ahí, el interés y la pretensión de no reconocer la transparencia del proceso electoral, de querer restarle legitimidad. En esta oportunidad desde la institucionalidad del Estado mediante acciones judiciales, que al ser arbitrarias y contrarias al ordenamiento jurídico y a la normativa internacional, difícilmente pueden prosperar.
Lo cuestionable y grave de las acciones reiterativas adelantadas por los entes de investigación del Estado (Ministerio Publico), es que, al no tener mayor fundamento legal, ponen en riesgo la estabilidad democrática e institucional, por ser contraías al Estado de Derecho. Pretender por ese medio sacar del escenario político al partido “Semilla” e impedir que el nuevo presidente gobierne al pais, es desconocer la voluntad popular expresada litre y democráticamente en las urnas.
La actuación antidemocrática de los organismos de investigación del Estado, ha sido posible a la débil institucionalidad que aún persiste en el Estado. No pudiéndose evitar que esa actuación terminara por crear una crisis política, considerada como la más grave de las últimas décadas por sus consecuencias. Una crisis que se inició en un ambiente de tensión y desconfianza en las entidades del estado y que termino por desencadenarse el pasado mes de octubre, cuando la población paralizo el pais para demandar que se respetara la voluntad del popular expresada democráticamente, al tiempo que se cuestionaba seriamente la actuación del Ministerio Público.
La actual crisis política es una más, dentro de las sucesivas crisis que se han dado durante las tres últimas décadas de postconflicto. Señal de que aún están pendientes de solución algunas de las causas que desencadenaron el conflicto armado interno, 36 años de dolor, sufrimiento y daño (1960-1996). El que finalmente termino con la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996. Conmemorándose el pasado año el 27 aniversario. Una fecha histórica para la democracia del pais, a la que se le ha venido restando la importancia que se merece, en particular, en los últimos años.
La ausencia de voluntad política para dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de paz, ha sido una constante. Dejando pasar la oportunidad para construir una nueva Guatemala. De haberse implementado los acuerdos según lo establecido en cada uno de ellos, hoy se podría hablar de una nación multicultural, con un desarrollo sostenible, participativo, orientado al bien común y con justicia social, como era el deseo de la gran mayoría.
Al perderse esa oportunidad, se les privo a los guatemaltecos transitar hacia la construcción de una cultura de paz, entendida, como la capacidad de resolver de forma pacífica los conflictos, es decir, mediante el dialogo, la tolerancia y el consensó. Fundamental para el ejercicio con garantías de las libertades civiles y políticas. De la misma manera, no fue posible alcanzar la paz social, que se da cuando hay un pleno reconocimiento de los derechos colectivos, como el derecho a la salud, educación, seguridad alimentaria y bienestar social entre otros. Necesarios para el desarrollo integral de la persona humana. De su observancia va a depender la justicia social, la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Esa ausencia de voluntad, es la que ha impedido que sea reconocida Guatemala como un pais plural. Ese carácter multiétnico y multicultural de la sociedad guatemalteca, la coexistencia de diversas expresiones culturales, de pueblos originarios, descendientes de los Mayas, de comunidades negra, campesina y popular.
Ese es el escenario de la Guatemala actual, la de una nación que en las tres últimas décadas ha pasado de 10 millones de habitantes a tener 17millones. Ese aumento de la población, estimado en 7 millones, corresponde a las nuevas generaciones del postconflicto. El pais con la mayor población de Centro América y el caribe. El que se destaca no solo por poseer la mayor economía de la región, sino por contar con unos ingresos medios, que la sitúan globalmente en el puesto 69 en términos económicos. Al tiempo, que cuenta con uno de los índices más bajos en desarrollo humano, ocupando la posición 135, debido a los niveles de pobreza y desigualdad.
La lectura de esa realidad, es la de dos países en un mismo territorio. Una Guatemala, minoritaria, blanca, ladina y privilegiada, que históricamente ha ostentado el poder político y económico, que ejercer un control de los recursos para acumular riqueza. La otra, la de una mayoría racializada, que habita en las áreas rurales y en los cinturones de pobreza de la gran ciudad, expuesta a todas las formas de violencia y explotación. Sin los plenos derechos, en un Estado que los ve como una carga social, que ningún gobernante ha querido asumir. Esa misma población vulnerable, expuesta a sufrir con más rigor los desastres naturaleza ocasionados por el cambio climático, como consecuencia del calentamiento global.
Con esa doble visión de pais, se ha gobernado en el pasado y en el presente. Como ha venido sucediendo con los gobernantes del postconflicto, no obstante haber sido elegidos democráticamente, se dedicaron a gobernar para una minoría privilegiada. A reproducir los vicios del sistema político dominante y a sacar adelante la agenda económica que las elites impusieron, contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz. En la que se le abre las puertas al capital corporativo, interesado en la extracción industrial de los recursos naturales, en las áreas de población indígena.
Una agenda que por un lado promueve la acumulación de la riqueza sin límites, por encima de cualquier interés social y por el otro sigue manteniendo la precariedad del sistema tributario. En la que los grandes capitales están exentos de impuestos. En un Estado que se limita a recaudar unos impuestos indirectos (IVA), insuficientes, que termina utilizándose para mantener la burocracia, el pago de la deuda externa y la corrupción. Sin poder contar con los recursos necesarios para el desarrollo y atender las necesidades básicas de la población, mayoritariamente indígena y campesina de las áreas rurales.
Por lo anteriormente considerado, la elección de un nuevo presidente con ideas progresistas y propuestas de cambio, representa una nueva oportunidad para fortalecer la democracia y construir la Guatemala del futuro. Ese pais, en el que las y los guatemaltecos tengan un espacio y donde sea respetada la diferencia y la pluralidad. Donde exista una cultura de paz, que permita resolver las diferencias con el dialogo y una paz social, que le brinde a todos las oportunidades para el desarrollo de la persona y vivir con dignidad.
La posibilidad de hacer de Guatemala un pais con una democracia funcional y participativa, tal y como se propuso en los acuerdos de paz. Una propuesta que viene siendo seriamente considerada, entre algunos académicos y ciertos sectores de la sociedad guatemalteca, que ven la necesidad de retomar los acuerdos de paz.
Por ahora, lo más importante es rodear de las garantías constitucionales al nuevo presidente, a fin de que pueda asumir el cargo (14 de enero 2024) y gobernar al pais durante los próximos cuatro años. Al tiempo que se hace necesario, solicitar la solidaridad de los países que dieron acompañamiento al proceso electoral, como de aquellos (Alemania, Noruega) que han venido realizando actividades de cooperación internacional. De igual manera, es importante apoyar el trabajo que han venido realizando los diferentes actores sociales y de la población en defensa de la democracia.
Por último, tener presente que la democracia en Guatemala sigue amenazada, pero todavía hay esperanzas para un nuevo amanecer.
Escrito por Pedro Pérez Parada
Pedro Pérez Parada, abogado colombiano (Universidad Externado de Colombia) Con estudios de postgrado en Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid) y Derecho Constitucional y Ciencia Política (Centro de Estudios constitucionales, Madrid). Con experiencia en la verificación de los Derechos Humanos en postconflicto, Misión de Naciones Unidas en Guatemala y como observador en la verificación de procesos electorales en países Latinoamericanos con la Unión Europea.