Colombia, un país dividido entre el continuismo y el cambio

Colombia está viviendo uno de los procesos electorales más complejos y delicados de los últimos tiempos. No solo, por los intereses en juego, sino porque del resultado de las elecciones, va a depender el futuro del país y el de las nuevas generaciones.

Colombia es un país con una larga tradición democrática, esto es, sin una historia de gobiernos de facto. Esto ha sido posible, al ordenamiento jurídico que ha salvaguardado el Estado de derecho. Gracias a ello, los gobernantes son elegidos con el voto popular.

Ese mismo ordenamiento, regula y garantiza las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. De ahí que su observancia y acatamiento sea de obligatorio cumplimiento, fundamental para la convivencia y la paz social. Por tanto, nadie puede sentirse superior o estar por encima de la ley. Por lo que resulta inamisible que un candidato presidencial que se burla de la ley y no la acata, y que se atreve a manifestar públicamente que “se limpia el culo con la ley” este en la posición de ganar las elecciones. Un pésimo antecedente, para una democracia que se fundamenta en el respeto del estado de derecho.

Aunque la constitución solo establece unos mínimos requisitos para ser presidente, eso no quiere decir que la persona que ocupe el más alto cargo de la nación, cumpla con ciertas cualidades: ser una persona con una demostrada honestidad, de conducta intachable; estar en las mejores condiciones mentales y físicas para ocupar el cargo. Poseer un lenguaje apropiado, que le permita establecer y mantener buenas relacionarse con diferentes sectores de la sociedad. Tener un bagaje intelectual y una conversación coherente y fluida, que le permita como jefe de estado representar dignamente al país en los foros internacionales y llegar a acuerdos con la comunidad internacional. Además, de no contar con ningún antecedente disciplinario o judicial, que lo inhabilite para ocupar el cargo. De no ser así, se corre el riego que ese líder político termine haciendo un uso arbitrario del poder.

En relación al proceso electoral, se observa que los organismos electorales no gozan de la confianza de los ciudadanos. La transparencia, la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, viene siendo seriamente cuestionada, como en anteriores procesos electorales. Una de las causas atribuidas al abstencionismo, junto a la ausencia de una cultura cívica y la cultura del miedo, que sigue influyendo en la población. De esa manera, se podría explicar el abstencionismo del 45.9%. en la primera vuelta. Un indicativo que en Colombia se siguen eligiendo presidentes sin la participación mayoritaria de la población.

Uno de las causas que vicia un proceso electoral, es el voto que no se protege o se garantiza, que se permite, que sea tratado como un producto más del mercado, en una mercancía que se compra y se vende. Perdiendo así, su valor como derecho, como instrumento para la participación ciudadana. Una práctica que se ha enraizado en el sistema político colombiano y que cobra vigencia cada cuatro años. Lo que debilita aún más, el precario sistema democrático.

Otra de las causas que vician el proceso electoral, tiene que ver con la campaña electoral. A pesar de estar reglamentada, termina actuándose por fuera de su marco legal. En una democracia que se respete, la campana sería una festividad democrática, realizada en un clima de concordia, tolerancia y respeto mutuo. Sin embargo, nada de eso sucede en la actual campaña, por el contrario, lo que se respira es un ambiente de tensión, y agresividad. De una gran incertidumbre, en la que ha prevalecido la cultura del miedo y los altos niveles de desconfianza y poca credibilidad en los organismos electorales.

La campaña para la segunda vuelta, que debería ser la oportunidad que los candidatos tienen para convencer a los electores indecisos, ha terminado por convertirse en un campo de batalla. En un espacio para la confrontación, para un debate de todos contra uno, en un ataque sistemático principalmente hacia el candidato que tiene la posibilidad de ganar las elecciones, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta. Desatándose así una campaña sucia en su contra, en la que sobresalen, los insultos, las descalificaciones, burlas, imputaciones y falsas acusaciones. Todo eso, con el propósito de destruir su imagen y restarles credibilidad a sus propuestas.

Lo grave de esa campaña sucia, es la incitación al odio, que no deja de crear una gran preocupación y zozobra, por tratarse de una vieja estrategia que busca profundizar la división entre la población. La que podría desencadenar una confrontación y una violencia, similar o peor, a la violencia bipartidista de los anos 50s.

En las democracias modernas hay tolerancia y espacio para las distintas formas de pensamiento. Es de esa forma como se enriquece el debate político y se le brinda al ciudadano la posibilidad de escoger una propuesta, que, por lo general, tiene relación con el bienestar y el interés general, que es en ultimas, lo que se persigue en un sistema democrático. Sin embargo, en Colombia no sucede esto, no obstante definirse este como un Estado social de derecho, según el preámbulo de su Constitución. Por lo que todo candidato que maneje el discurso del interés general o el de la justicia social, se le asocia con el socialismo, el comunismo y otros ismos. Cuando lo cierto, es que se está frente a un candidato que se define y se comporta como un socialdemócrata, que busca a través de su programa que se ponga en práctica los postulados de la constitución del 91, que el ayudo a elaborar.

Pero ese pensamiento y ese discurso del bienestar colectivo, de la inclusión social, de la Colombia pluricultural y multiétnica, del cambio para construir futuro, no tiene cabida en un país que ha promovido por años la cultura del individualismo, de la división de la sociedad en extractos sociales. Ese rechazo, ha sacado a la luz algunos de los síndromes sociales, incubados en ciertos sectores de la sociedad. Uno, el síndrome de “Dona Florinda” que se da en los sectores populares, donde la discriminación es entre pobres. El otro, en de la aporofobia, ese temor y odio por el pobre y la pobreza, que afecta a los estractos medios y altos de la sociedad.

La complejidad de este proceso electoral, esta en que ya no se está disputando el poder entre dos partidos políticos, sino entre dos fuerzas políticas. La primera, que agrupa al movimiento social, con la propuesta del cambio, donde todos los colombianos quepan en una sola Colombia, donde todos sean tenidos en cuenta. L otra, en la que se alinearon los partidos tradicionales y todos aquellos afines al establishment, derrotados en la primera vuelta. Los que los que prefieren el continuismo, para seguir así compartiéndose el poder y mantener sus privilegios. Si bien, los primeros tienen los votos, como quedó demostrado en la primera vuelta, los segundos poseen la maquinaria política, los medios de comunicación a su favor y los organismos de control del Estado. Son los que piensan que van a ganar las elecciones a como dé lugar.

Lo delicado de esta situación es que ninguna de las dos fuerzas en contienda, está dispuesta a aceptar un resultado adverso a sus intereses, lo que podría dar lugar a que esa confrontación salga del escenario político y termine por propagarse a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Las condiciones están dadas, pero si se quiere evitar requiere de una voluntad política, que no permita que se desencadene una persecución y violencia política sin precedentes.

Ese es el escenario de la segunda vuelta electoral, la de una Colombia atrapada en una encrucijada, con un futuro incierto, que no reíste más, tanta injusticia social, tanta violencia, y exclusión social. Estamos frente a una Colombia que le ha llegado la hora del cambio, pero no de cualquier cambio, uno que se haga en el marco del estado de derecho, respetuoso de la democracia y del querer y de la voluntad de todos los colombianos y colombianas.

Por eso se tiene que votar a conciencia, no guiados por el sentimiento visceral del odio y la venganza, pensando más bien en el bienestar y el interés colectivo. Yo sí creo como la gran mayoría, en el futuro de Colombia, donde las nuevas generaciones puedan de verdad vivir sabroso, con dignidad, respeto y valores.

Acerca del autor:

Pedro Pérez Parada, es abogado de origen colombiano (Universidad Externado de Colombia), con estudios de postgrado en Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid, España) y Derecho Constitucional y Ciencia Política (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid).

Con experiencia, en la verificación de los Derechos Humanos en postconflicto (Misión de Naciones Unidas en Guatemala) y como Observador de procesos electorales en países latinoamericanos con la Unión Europea.

En la actualidad se dedica al estudio de los derechos humanos con un enfoque en la justicia social y el cambio climático en los países del sur Global.

Como activista en justicia social climática, participó en París COP21 (2015) y Madrid, COP25 (2019), Con esa experiencia apoya el trabajo que vienen realizando los movimientos y organizaciones de la sociedad civil (COP26 Coalición) en Glasgow, Escocia, lugar donde reside en la actualidad y donde tendrá lugar la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático en noviembre.